El paraíso de los productores refresqueros y los ayuntamientos sin hacer nada al respecto

De acuerdo con la Food Industry Development Centre Inc. (Food Centre) y la Universidad de Yale, en México se consumen 163 litros per cápita de refresco de cola al año, con lo cual ha desplazado a EE.UU., que ocupada el primer lugar y cuyo registro es de 1,113 litros per cápita en ese mismo lapso.

México también ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y adulta, así como el primer lugar en diabetes infantil.  Según las cifras oficiales, en el país el 70% de los adultos y el 30% de los niños padecen sobrepeso y obesidad.

La situación seguirá agravándose, de acuerdo con expertos, los costos directos e indirectos para el sistema de salud público mexicano derivados de los problemas de peso alcanzarán los 150,000 millones de pesos hacia 2017, y según lo refiere la organización World Public Health Nutrition Association, se prevé que uno de cada tres niños mexicanos nacidos en 2010 sufrirá diabetes en su vida.

Ante este escenario, la Organización Mundial de la Salud, apoyada por la ONU, recomendó al gobierno federal desarrollar políticas integrales de combate a la obesidad incluyendo medidas fiscales, derivado de esto se aprobó la reforma a la Ley  del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la cual grava con un peso por litro las bebidas saborizadas con azúcares añadidos. Sin embargo,  aún con los nuevos impuestos, los ingresos de Coca Cola Femsa crecieron 24.7% en 2014, y para 2015, la compañía prevé que la recuperación del consumo se mantenga firme.

¿Qué papel juegan los gobiernos locales en esto?, uno crucial, el de la regularización de la publicidad, puesto que con ella se conforma un entorno que promueve el consumo.

De acuerdo con la Dra. Carola García Calderón, coordinadora del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la UNAM, la publicidad es un factor importante que ha contribuido a que en los últimos 20 años el sobrepeso se haya convertido en un problema de salud pública.

El gravamen, incluido en la iniciativa de reforma fiscal presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en septiembre de 2013, responde a una situación calificada por Naciones Unidas como de “emergencia nacional”, por la epidemia de sobrepeso y obesidad que padece el país.

El objetivo del impuesto era desincentivar el consumo de estas bebidas que son nocivas para la salud e inciden en el aumento de la obesidad y la diabetes, pero de poco ha servido, pues los ingresos de Coca Cola Femsa crecieron 24.7% en 2014, y para 2015, la compañía prevé que la recuperación del consumo se mantenga firme.  ¿Qué papel juegan los gobiernos locales en esto?, uno crucial, el de la regularización de la publicidad, puesto que con ella se conforma un entorno que continua promoviendo el consumo.

El afán de las empresas por promover e imponer sus marcas y productos, encuentra en el espacio urbano un amplio catálogo de sitios donde explayar su publicidad. Coronación de edificios, fachadas, vallas, mobiliario urbano, vehículos de transporte público literalmente convertidos en anuncios sobre ruedas, sirven como soporte de todo tipo de elementos publicitarios.

De entre estos elementos parecería que al menos uno tiene justificación, el pintado y rotulado de fachadas, lo que Coca Cola llama “una acción encaminada a mejorar el aspecto físico del establecimiento”. Pero éste es solo el pretexto con que se inició hace años un fenómeno que ha dado pie a un negocio en sí mismo, pues nadie se atreve actualmente a hablar de generosidad de la empresa, sino de utilización publicitaria a gran escala del espacio visual de la calle sin pagar impuesto por ello.

Los pequeños negocios tienden a recurrir al patrocino de las grandes marcas para el acondicionamiento de sus locales y hacerse de merchandising para sus negocios. Aunque a primera instancia es entendible que resulta conveniente el delegar la obtención de sus mesas, sillas y pancartas a las “bondadosas” compañías, a largo plazo, los malos efectos que resultan del “apadrinamiento” de éstas suele no solamente afectar la capacidad del dueño de establecimiento para ofrecer variedad al comensal -mediante una monopolización bajo piel de cordero- sino que también contaminan visualmente con campañas que asocian el consumo a la felicidad, cuando sus productos tienen una responsabilidad en la epidemia nacional de sobrepeso, obesidad y diabetes.

A nivel local, la publicidad exterior de refrescos ha encontrado un campo de actuación con pocas restricciones. El municipio ha abandonado prácticamente la actividad autorizadora y reguladora para pasar a ser un simple observador, de no ser así  cómo explica que miles negocios en la ciudad operen con fachadas tapizadas de la marca sin aportar por ello un solo peso en impuestos por ello, ignorando además el Reglamento de Rótulos, Anuncios y Similares. Peor aún, cómo explica que el espacio público sea utilizado para perversas campañas publicitarias, como las que muestran a mujeres embarazadas promoviendo el consumo de Coca Cola, o mejor dicho promoviendo la adicción desde el vientre materno.

El XXI Ayuntamiento de Tijuana permite que más de 30,000 “changarros” tengan publicidad de Coca Cola sin pagar impuesto.

El incremento al impuesto a bebidas azucaras está bien, pero no es suficiente. Estudios demostraron que a mayor impuesto – en un rango de 10 a 30% – mayor es el efecto en el consumo y por ende en la salud de la población, pero el impuesto en México fue de 10% y no de 20% como se recomendaba para lograr una reducción significativa, insisten las organizaciones, sobre todo porque se ha demostrado la relación entre el consumo de bebidas azucaradas con el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas tanto en niños como en adultos.

A la par de una mayor carga fiscal, urge establecer más restricciones a la publicidad de refrescos, regular los contenidos de sus campañas, legislar en la materia con criterios restrictivos, luchar contra la obesidad y contra la contaminación visual con reglamentos robustecidos y largo alcance.