Las Asociaciones Público Privadas (APP), una de las principales estrategias a nivel mundial para el desarrollo de obras públicas debido a su capacidad de aprovechar al máximo el erario mediante la colaboración con la inversión privada, ha tomado un gran empuje en México. Baja California no se ha quedado atrás, pues de acuerdo con el presidente del Instituto Mexicano de Asociaciones Público Privadas (IMAPP), Carlo Hebert Gómez Arnaiz, la entidad cuenta con una ley de avanzada con las mejores prácticas a nivel nacional e internacional sobre el esquema de las APP, pues privilegia la transparencia, el apoyo a los empresarios locales y la inteligencia financiera para llevar a cabo proyectos. Además, contempla la figura de la Propuesta No Solicitada, muy escasa en las leyes de otras entidades federativas.
Esta nueva Ley de Asociaciones Público Privadas para el estado de Baja California y su consiguiente impulso a proyectos de servicios e infraestructura en la entidad, han puesto de manifiesto la importancia de la transferencia de conocimientos y experiencias para enriquecer el diseño de proyectos, para ello el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana y el Instituto Mexicano de Asociaciones Público – Privadas (IMAPP) han firmado un convenio de colaboración.
Contribuir a que se desarrollen proyectos debidamente sustentados, financieramente viables y técnicamente resueltos, brindar capacitación y asesoría tanto al sector público como al sector privado en el área de finanzas, políticas públicas e ingeniería civil, culturizar a la sociedad en el esquema de las APP, y hacer los proyectos realidad a través de la creación de fondos específicos, son algunos de los fines que persigue este convenio.
Cabe destacar que el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana es el primer organismo colegiado local en firmar un convenio con el IMAPP.
Carlos del Hoyo, consejero estatal del IMAPP, explicó que para la redacción del proyecto de la ley estatal se invitó a trabajar a un actor de suma importancia, los bancos. “La ley actual fue revisada y certificada por escrito antes de llegar al Congreso del Estado por los bancos más importante del país, quienes dijeron estar dispuestos a financiar proyectos que se generaran en los términos de dicha ley”, aseguró.
Destacó también que la ley prevé la figura de la Propuesta No Solicitada, con la cual se permite a los particulares plantear al gobierno proyectos de infraestructura y de prestación de servicios, sin que éste las haya licitado. “Ya sabemos lo que hace falta, el proceso de llegar a concursos para hacer una APP lleva su tiempo, los particulares no tienen que esperar a que el gobierno licite, pueden plantear propuestas no solicitadas con todas las viabilidades ya realizadas para acelerar el proceso”.
Hoy podemos ver cómo está funcionando el primer concurso bajo la modalidad de APP en Baja California – la desaladora de San Quintín− originada precisamente por una Propuesta No Solicitada, y en la cual hay más de 12 empresas interesadas, agregó.
Sin embargo, el presidente del IMAPP, Carlo Hebert Gómez Arnaiz, advierte que aunque la figura de Asociación Público Privada emerge como una alternativa, existe también el riesgo de que las obras se conviertan en elefantes blancos, sin una planeación adecuada orientada a resultados. “No se trata de proponer y realizar obras por realizarlas, sino en ofrecer soluciones a problemas públicos”, señaló.
El hecho de que algunos funcionarios públicos piensen más en cómo sacar provecho político, que en las necesidades de la sociedad, con frecuencia lleva a obras mal realizadas y mal planificadas, dijo, como ocurrió con la línea 12 del metro, y otras que se multiplican por todo el país.
Indicó que “sería un error, comenzar a realizar obras de hospitales, penitenciarías, escuelas, entre otras, en zonas que no cuentan con los suficientes servicios para hacerlas funcionales y eficientes. Las obras se deben planificar y realizar considerando la infraestructura pública existente, y el problema específico que pretenden resolver”.
Estuvieron también presentes en la firma del convenio el presidente del CICT, Pablo Santiago Hernández Lee, y la directora general del IMAPP, Karla Díaz Alba.
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