Con la finalidad de conocer el nivel de libertad económica que existe en México, EE.UU. y Canadá, la Fundación Caminos de la Libertad de Grupo Salinas y Coparmex presentaron el Índice de Libertad Económica de Norteamérica.
El informe anual mide el grado en que las políticas de las provincias y los estados contribuyen a la libertad económica, la cual consiste en la capacidad de los individuos para actuar en la esfera económica sin restricciones innecesarias.
El documento proporciona dos índices: uno que analiza sólo los gobiernos provinciales/estatales y municipales/locales, y otro que analiza el gobierno federal. El primero, el índice subnacional, facilita la comparación entre las jurisdicciones de los distintos países. Para el índice subnacional, Libertad Económica de Norteamérica emplea 10 variables para los 92 gobiernos provinciales/estatales de Canadá, Estados Unidos y México en tres áreas: gastos gubernamentales, impuestos y libertad del mercado laboral.
En el caso del índice nacional, se incorporan tres áreas adicionales del nivel federal de Libertad Económica en el Mundo (EFW): sistemas legales y de derechos de propiedad, moneda sana y libertad de comercio internacional.
Los estados mexicanos de más alto rango son Jalisco, Baja California y Coahuila empatados en el lugar 61 con 6.5. Sin embargo, estos tres se ubican detrás de las 60 jurisdicciones de los Estados Unidos y Canadá. El estado peor clasificado es el Distrito Federal con 5.6, seguido por Colima con 5.7 y Campeche con 5.8
En el índice a nivel nacional, tres de las cuatro primeras jurisdicciones son canadienses: Alberta en el primer lugar con 8.1, Columbia Británica en el segundo lugar con 7.9, y Saskatchewan y New Hampshire empatados en el tercer puesto con 7.8.
Los estados más bajos en EE.UU. son Delaware en el lugar 60 con 7.3. Después de Nueva York, hay 14 estados más con 7.5, incluyendo Ohio, Nueva Jersey, California y Massachusetts.
De acuerdo con el Índice de Libertad Económica de Norteamérica, las economías más libres funcionan con una interferencia mínima del gobierno, confiando en la elección personal y los mercados para responder a preguntas económicas básicas como son: ¿qué se va a producir?, ¿cómo se va a producir?, ¿cuánto se produce? y ¿para quién se destina la producción? En la medida en el que el gobierno impone restricciones a estas opciones, hay menos libertad económica.
El presidente de la Fundación Caminos de la Libertad, el periodista Sergio Sarmiento, mencionó que México no sale bien posicionado en el índice debido a la falta de Estado de derecho y al grado de centralización de la economía; el 96% de la recaudación en México, el 60% del gasto de gobierno y el 50% del empleo gubernamental tiene en su origen en el ámbito federal.
“Desafortunadamente el medio político está siendo dominado por estatistas que piensan que la forma de construir una mayor prosperidad es tener un gobierno más grande”, expresó Sarmiento.
Por su parte, José Torra, gerente de Investigación de Contenidos de Caminos de la Libertad, explicó que un país o un estado es económicamente libre cuando tiene derechos de propiedad plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, una política monetaria estable e impuestos bajos, pues mientras menos recursos le quite el gobierno a los ciudadanos mayor oportunidad tienen éstos de elegir qué consumen, dónde invierten y cuánto ahorran. Otros aspectos que también abonan a la libertad económica son el hecho de que no existan barreras artificiales para la entrada a mercados nacionales o internacionales, y que la asignación de recursos a los estados se dé por la vía de los mercados y no mediante el gasto gubernamental.
El autor de Libertad Económica de Norteamérica 2015, comentó que Baja California es uno de los tres estados que empatan en primer lugar de los estados mexicanos dentro del Índice de Libertad, pero al medirlo con las 92 entidades de los tres países de Norteamérica, queda en el lugar 62.
Señaló que Baja California tiene grandes fortalezas, entre las que destacan un bajo empleo gubernamental, mucho empleo privado, un gasto de gobierno relativamente bajo comparado con otras entidades y las pocas transferencias de participaciones federales que recibe. Sin embargo, debilitan a la entidad los altos impuestos estatales y municipales, una densidad sindical relativamente alta y el gran peso de federación.
“Baja California podría subir de nivel si apuesta por un régimen impositivo más laxo, tanto local como estatal, y disminuye el número de empleados sindicalizados. La estructura sindical debe ser una cuestión de defensa de derechos y no de garantía de privilegios, que es en lo que se han convertido varios sindicatos de nuestro país”, explicó José Torra.
En el evento se contó también con la participación del presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, y el presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto Fimbres.
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