El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) inhabilitó por cinco años al despacho contable Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, que representa a la consultora Deloitte en México, por las irregularidades y problemas en la operación del Sistema Juicio en Línea (SJL) que tuvo una inversión de más de 300 millones de pesos.
La empresa fue inhabilitada por el Gobierno Federal para poder establecer contratos y prestar sus servicios a las instituciones públicas en todas las entidades del país.
“Deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dichas empresas de manera directa o por interpósita persona, por encontrarse inhabilitadas por un plazo de cinco años”, informó el Tribunal de Justicia Administrativa a través de un comunicado publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Las entidades federativas y los municipios interesados, afirma la circular, deberán cumplir con lo señalado cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.
A cuatro años de operación, menos del 2 por ciento de los asuntos que lleva el TFJA se tramitan en línea, ante los problemas del sistema y la renuencia de los litigantes a dejar de utilizar expedientes de papel.
El despacho contable Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, que representa a la consultora Deloitte en México, fue inhabilitado para participar en licitaciones o contratos con la Administración Pública o gobiernos estatales en los próximos cinco años.
El sistema de juicio en línea y las fallas en su implementación parecen estar detrás de la sanción hacia ambas compañías, un contrato que se les asignó desde 2011. La Auditoría Superior de la Federación ha puntualizado el caso en sus informes de 2012 y 2013.
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