El Impuesto Predial y su potencial para mejorar la salud fiscal municipal

La tributación al patrimonio inmobiliario – específicamente el impuesto predial – tiene gran potencial de mejorar la salud fiscal municipal, reducir la desigualdad, y contribuir al mejoramiento de condiciones y la regularización de asentamientos informales en América Latina, según un nuevo libro publicado por el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Sin embargo, el libro, Sistemas del impuesto predial en América Latina y el Caribe, editado por Claudia M. De Cesare, reconoce que este instrumento ha sido pobremente explorado como fuente de ingresos.

En promedio, el impuesto representa solo el 0.33 por ciento del PIB en América Latina, comparado con más del 4 por ciento en el Reino Unido y un promedio de casi 2 por ciento en los 35 países en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La baja tributación al patrimonio inmobiliario en la región se debe en parte a debilidades administrativas.

A pesar de estos desafíos, hay una gran variación en el desempeño del impuesto predial en la región. Algunos países y municipios han mostrado avances significativos, como la introducción de observatorios de valores para el monitoreo del mercado inmobiliario, la modernización de los catastros, el establecimiento del enlace entre el área de catastro y el registro público de inmuebles, el uso de sistemas de información geográfica (SIGs), el aumento del proceso de recaudación y cobro, y la revisión del marco legal del impuesto predial.

Entre las conclusiones de Sistemas del impuesto predial en América Latina y el Caribe  destaca el hecho de que hay más motivación para el fortalecimiento del impuesto predial cuando se impone a nivel local porque el impuesto proporciona beneficios regulatorios a los municipios. Por ejemplo, el impuesto predial puede asistir a los municipios en promover la racionalidad en el uso y ocupación de la tierra, combatir la especulación inmobiliaria, recuperar plusvalías generadas por la inversión pública, y contribuir al reconocimiento y regularización de los asentamientos informales.

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