“La Ley 3 de 3 tiene como propósito regular la declaración fiscal, la patrimonial y la de intereses. Sin embargo, ninguna de las tres funciona para evitar la corrupción en los funcionarios públicos”, manifestó el Dr. Adolfo Solís Farías, especialista en Derecho Fiscal, en el marco del Simposio Sistema Estatal Anticorrupción, organizado por la Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco A.C.”.
Tras declararse escéptico respecto a que la Ley 3 de 3 reduzca la corrupción, entró a los detalles. Explicó que la declaración fiscal, con la que se analizan ingresos acumulables se puede falsear a través de una estrategia fiscal. “Los funcionarios pueden robarse el dinero, mantenerse en el letargo tres años y después donárselo a los hijos, consiguiendo al final que el dinero esté libre”, indicó.
En el ámbito patrimonial, donde los funcionarios deberían declarar todos los bienes que poseen a su nombre y a nombre de sus familiares directos, comentó que simulan declarando lo que quieren, “pueden decir que tienen tres casas y cuatro carros, cuando en realidad tienen mucho más”.
En la declaración de intereses, con la que se busca identificar aquellas actividades o relaciones que podrían interferir con el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de un candidato en caso de ser electo como funcionario, cuestionó: ¿Quién va a denunciar la asignación de licitaciones o adjudicaciones directas? ¿Quién va a decidir si hay o no conflicto de intereses?
“Estas tres declaraciones no ayudan ni a frenar ni a reducir la corrupción, ni pueden revelar la verdad histórica patrimonial −ni económica ni financiera− de la persona”, aseguró, haciendo así referencia a funcionarios multimillonarios, dueños de aviones y jets privados, que declaran tener una casa e ingresos de 50 mil pesos al mes.
Dr. Adolfo Solís, socio director de la firma Grupo Farías
Fenomenología del lavado de dinero
Posteriormente, el Dr. Solís Farías repasó las tendencias cada vez más frecuentes para ocultar el origen ilícito de activos y la red de paraísos fiscales y empresas fantasmas que aceitan el sistema financiero internacional, mismos que explican su escepticismo.
Ocultamiento de efectivo de hasta2 millones de dólares:
Una operación a la que recurren quienes tienen hasta 2 millones de dólares en efectivo, producto regularmente de actos de cohecho, es crear negocios que son usados como fachadas para mezclar los capitales y así conseguir que ingrese el dinero al sistema financiero. Los negocios más comunes para estos fines, por manejar grandes cantidades de efectivo, son restaurantes, gasolineras y equipos deportivos, entre otros. Estos negocios depositan a la semana el dinero de las ventas simuladas y pagan sus impuestos de los ingresos acumulados, consiguiendo así lavar el dinero.
Operaciones de 2 a 4 millones de dólares:
Blanquear alrededor de 80 millones de pesos a través de un restaurante no es tan fácil, para ello quienes actúan al margen de la ley recurren a operaciones offshore, a través de las cuales adquieren lujosos departamentos en Miami, Bahamas, Hawái, entre otros destinos, bajo un esquema que garantiza el anonimato de sus verdaderos propietarios. Después de citar el caso de Roberto Madrazo, el Dr. Solís Farías explicó que estas propiedades encriptadas no están a nombre de sus verdaderos dueños sino a nombre de empresas offshore generalmente ubicadas en Panamá, sobre las cuales los funcionarios corruptos poseen acciones.
Operaciones fachada de 5 a 15 millones de dólares:
Un esquema muy común para dar apariencia licita a sumas que van de 5 a 15 millones de dólares es la falsificación de servicios, a través de los cuales una empresa −creada a través de testaferros− recibe cantidades millonarias del gobierno por una sola operación. Una vez que reciben el dinero de la fuente, compran activos, bienes, inmuebles, edifican, etc., y crean una nueva empresa que fusionan con la primera.
Operaciones estructuradas de 15 a 75 millones de dólares:
Para ocultar 75 millones de dólares se necesitan esquemas más sofisticados, tales como la creación de empresas de anonimato en Delaware, el paraíso fiscal por excelencia. “Una empresa de anonimato en Delaware puede ser dueña de una LLC (Sociedad de responsabilidad limitada) en Nevada, y ésta a su vez dueña de una S. de R.L. en México. Así, los fondos de la S. de R.L. se envían a la LLC, de ahí a Delaware y los dividendos terminan distribuyéndose en Holanda”, ejemplificó.
Operaciones en Europa de 75 a 500 millones de dólares
Los funcionarios que se ‘vuelan la barda’ con cantidades que van desde los 75 a los 500 millones de dólares, explicó, suelen crear empresas en Holanda o Nueva Zelanda que son dueñas de una LLC en EE.UU., y ésta a su vez es parte de una empresa mexicana. De este modo, el dinero va de México a la LLC en EE.UU., y de ahí a Holanda o Nueva Zelanda.
Operaciones de 500 a 2,000 millones de dólares
Sí, es una vergüenza que en México se puedan desviar fondos por 2,000 millones de dólares pero se da el caso. ¿Qué hacen estos funcionarios con el dinero?, “crear su propio banco en EE.UU. a través de empresas panameñas y filiales en las Islas Marshall. Por otra parte, crean una empresa en Belice y otra en Bermuda, por ejemplo, que son dueñas de una segunda empresa en México, la cual va a recibir dinero proveniente de ese banco, para después colocarlo en fondos de inversión propios, logrando así que los bancos laven dichos fondos; así han saqueado al país presidentes y secretarios de estado, tan sólo hay que ver quiénes son los dueños de los 10 principales fondos de inversión en México”, observó.
¿El gobierno y la Unidad de Inteligencia Financiera saben de esto? “sí, y aun así no pasa nada”, lamentó.
“Si queremos realmente avanzar en el tema de la corrupción no necesitamos una Declaración 3 de 3, sino una declaración universal consolidada, con la que se revelen todos los bienes que los sujetos tengan en cualquier momento de la historia, y en la que no prescriban los casos, ejemplificando que los presidentes, gobernadores y alcaldes que se roban el dinero, dejan pasar de tres a cinco años antes de donarlo a sus hijos, si no es que lo lavaron previamente en el camino, a su vez los hijos lo donan a la siguiente generación, la cual después lo invierten en un holding, por lo que el dinero puede terminar en un trust, y cuando nos damos cuenta que el ex funcionario es millonario el caso ya prescribió. “Estos casos deberían tratarse como los crímenes de lesa humanidad que no prescriben nunca”, expresó.
El especialista aseguró que no se necesitan tantos órganos de fiscalización, control y auditoría, se necesita uno que funcione, que haga su trabajo, que meta a la cárcel a quien tenga que meter a la cárcel, que investigue el origen de la riqueza de funcionarios y empresarios. En fin, que actué hasta las últimas consecuencias.
Para concluir, dejó claro que las soluciones de fondo están muy lejos de la Ley 3 de 3, a la que calificó como “un ‘mejoral’ al cáncer”.
En el marco de la inauguración del evento en el que se analizaron y recabaron propuestas para robustecer el Sistema Estatal Anticorrupción y analizar los perfiles que deberán tener las figuras que lo integrarán, Ana Erika Santana González, presidenta de la Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco A.C.”, refirió que Baja California es uno de los 11 estados atrasados en su primer paso para implementar el sistema en referencia a las reformas a la Constitución local.
La corrupción es un fenómeno corrosivo para las naciones, pero en Baja California y en México se ha convertido en un fenómeno galopante y en una enfermedad crónica”.
Ana Erika Santana
Presidenta de la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco A.C.
Santana González llamó a iniciar la selección y nombramiento de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y del Fiscal General, quienes deberán contar con plena autonomía y acreditar conocimientos y méritos en combate a la corrupción. También abogó para que el Comité de Participación Ciudadana esté representado por los cinco municipios con expertos de diversos perfiles; como abogados, contadores públicos, académicos, empresarios y periodistas.
“Urge que la 22 Legislatura decida dar los pasos necesarios para que la sociedad goce de un sistema que permita evitar casos penosos en que funcionarios o gobernantes tengan contubernio con negocios ilícitos”, expresó.
El cancer no es la corrupción, el cancer mas agresivo, es la impunidad y es la que hay que combatir.