En el marco de la Reunión de la Comisión Ejecutiva de Medio Ambiente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se acordó que la verificación vehicular será obligatoria en 16 estados de la República.
De esta manera la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Jalisco, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Yucatán deberán apegarse a los lineamientos que establezca la Norma 167, próxima a publicarse.
El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, explicó que esta medida implica que las entidades tendrán que observar los nuevos límites máximos permisibles de emisiones contaminantes y también los instrumentos con los que se verifican las unidades.
Al recordar que la atención a los problemas de calidad del aire no es solamente una atribución federal y que las acciones locales también forman parte de la solución a la contaminación atmosférica, el funcionario federal exhortó a los representantes de las autoridades estatales a emprender medidas para revertir las tendencias de deterioro ambiental en las principales ciudades del país.
En particular, señaló la necesidad de que los estados se comprometan a destinar una parte de su presupuesto a la adquisición de estaciones de monitoreo y proporcionarles el mantenimiento necesario. Destacó también la conveniencia de que las entidades federativas desarrollen sus programas de gestión para abatir y controlar las emisiones contaminantes y de que pongan en marcha programas de verificación con el objetivo de impulsar la renovación de la flota vehicular.
Pacchiano Alamán ofreció a las entidades federativas el apoyo técnico de la SEMARNAT para la operación y mantenimiento de las estaciones de monitoreo, así como para el diseño de los programas de calidad del aire y de verificación de los vehículos automotores.
Esta política pública es de particular importancia para Baja California, pues de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad, Tijuana y Mexicali se ubican en el top de ciudades más contaminadas por partículas menores a 10 micras (PM10). Esto es resultado de la negligencia de autoridades para controlar los llamados autos chocolate, inadecuadas estrategias para desincentivar el uso del automóvil y la falta de modernización del transporte público.
La mayoría de las unidades del transporte público en Baja California no aprueban la verificación vehicular ambiental. De acuerdo con el director de Gestión Ambiental de la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA) del Estado, Saúl Guzmán García, el transporte contribuye con el 45 por ciento de los contaminantes, rebasando la contaminación por carácter industrial. “La mayoría del transporte público no pasa el examen por la falta de mantenimiento y el uso intensivo de las unidades”.
Falta que los cinco Ayuntamientos del Estado sean más enérgicos con las empresas de movilidad y la renovación de su parque vehicular, ya que los motores desgastados producen una mayor cantidad de hidrocarburos, y gases nocivos para el aire, como óxido de nitrógeno y dióxido de carbono.
Francisco Félix Valdez, gerente del Centro de Verificación localizado en la Vía Rápida Poniente en Tijuana, ha señalado que dos terceras partes de las unidades de transporte público que presentan el examen lo reprueban, aun así los dueños de estas unidades pueden tramitar la tarjeta de circulación y continuar operando.
En suma, el medio ambiente paga los daños de la negligencia y corrupción, y junto al medio ambiente, lo paga la salud de la población. Exijamos que esto empiece a cambiar.
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