El Gobernador Francisco Vega de Lamadrid debería despedir a todos sus asesores, empezando por la dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Social, siguiendo por reemplazar a las cabezas de la Secretaría de Desarrollo Económico, entre otros.
¿Por qué? Porque la principal obligación de un gobierno es velar por los intereses de sus ciudadanos y generar las condiciones propicias para una educación de calidad, sanidad, seguridad y por supuesto para el desarrollo económico. Sin embargo, estas premisas no solo no se cumplen, sino que el desempeño del gobierno en estas áreas, principalmente en desarrollo económico, es un insulto al sector empresarial, el cual lo permite, mientras aquellos que no están de acuerdo no hacen nada.
Es lamentable la situación que vive Baja California, estado que alguna vez fue referente nacional por su competitividad, por tener un sector empresarial pujante y no uno totalmente dividido por intereses que en muchas ocasiones son ‘migajas’, ya que los grandes negocios son de uso exclusivo de quien ostenta el cargo de Gobernador, el cual cree ciegamente que su labor es positiva y que los rumores que circulan desde hace bastante tiempo en contra de su administración son solo grillas políticas, como él mismo ha expresado, y considera a la oposición pequeña e insignificante.
Por otro lado, la IP está totalmente dividida, los responsables de los Consejos Coordinadores Empresariales (CCE) no se ponen de acuerdo en lo que realmente importa y solo hacen declaraciones dependiendo de sus intereses, por ejemplo, el actual presidente del CCE de Mexicali, Federico Díaz Gallego, informó que Mexicali no requiere de más policías, sino de voluntad para atender el problema.
Afirmó que los requerimientos de la Policía Municipal de Mexicali son mínimos: 400 chalecos, 300 radios y poner en funcionamiento un helicóptero. Con respecto al C5, dijo “todo lo que sea tecnología es positivo, si ya lo hubiéramos tenido en funcionamiento, no estaríamos viviendo tal situación en seguridad”.
Con respecto a las APPs, expresó que no hay que tener miedo al procedimiento. Por ello está de acuerdo con la desaladora de Tijuana, “ya que Mexicali envía 140 millones de metros cúbicos a Tijuana por buena gente, para que nos haga competencia y se vayan las inversiones para allá, principalmente por La Joya”.
Estas son palabras del máximo dirigente empresarial de Mexicali, el cual, al leer su currículo, cuando lo presentaban previamente al dar una conferencia en el Foro Eleva Mexicali, el locutor leyó que nació en la ciudad de Tijuana, por lo que las primeras palabras de su conferencia fueron pedir disculpas y aclarar que él es “100% cachanilla”.
En el resto del Estado, la oposición a la aprobación de los Dictámenes 94 y 95 que aprueban el C5 y la Desaladora de Rosarito, es liderada por las cuatro representaciones de la COPARMEX en Baja California y el CCE de Ensenada, mientras que CANACINTRA y CANACO Tijuana la aprueban. El CCE de Tijuana y Rosarito no se han pronunciado, la división es incuestionable y la información es tan difusa que abre la pauta a los llamados “fake news”, noticias falsas o información tergiversada, que es a lo que apuestan los políticos hoy en día, ya que lo que no está impreso se lo lleva el viento, en este caso las redes sociales.
El Gobernador menosprecia a la IP, a la cual solo atiende si hay algún negocio de por medio, y a los medios de comunicación como Business Conexión definitivamente no los atiende porque no decimos lo que su equipo quiere.
Mientras exista libertad de opinión, se seguirá cuestionando a los supuestos empresarios que juegan a ser políticos, buscando exponer la corrupción y no caer en la impunidad.
Por otra parte, el Gobernador presenta su 4to informe de Gobierno, el cual carece de información real ya que presumen que, en el IMSS, quienes están dados de alta con ingresos de uno a dos Salarios Mínimos alcanzaron en agosto pasado la mayor cifra para ese mes en los últimos 17 años, mientras los de niveles superiores han venido perdiendo terreno.
Habla de inversiones, pero los datos son fabricados en las oficinas de la SEDECO, 2 mil 210 millones de dólares en 191 proyectos de expansión, mientras la inversión nueva se encuentra en el menor nivel de los últimos tres gobiernos estatales.
Y la promoción dónde quedó.
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