En una polémica sesión extraordinaria el Congreso de Baja California aprobó el Dictamen 95, con el que se cumplió el último requisito para poner en marcha la construcción de dos plantas desalinizadoras en la zona costa y se endeuda por más de 80 mil millones de pesos al Estado durante los próximos 37 años.
Consolidated Water Corporation y RWL Water son las compañías responsables de las desalinizadoras en Playas de Rosarito y San Quintín, respectivamente. Ambas, bajo la figura de Asociación Público Privada, invirtieron en los proyectos y recibirán el pago por la producción de agua.
Basta decir que lo que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y los diputados panistas, en complicidad y con la complacencia del PRD y MC acaban de hacer, es endeudar a Baja California con más del doble de lo que endeudó Javier Duarte a Veracruz, con la diferencia de que el presupuesto anual de nuestro Estado es de 48 mil millones de pesos y el de Veracruz superior a los 100 mil millones”.
Nancy Sánchez Arredondo
Diputada federal por Baja California
La propuesta del Dictamen 95, lanzada por el gobernador Francisco Vega, fue aprobada con la ausencia de los grupos parlamentarios de Morena, Partido de Baja California y del Partido Encuentro Social, es decir, mayoría del PAN y del PRD.
De acuerdo con Monitor Económico, la urgencia de aprobar el endeudamiento histórico para Baja California, se debe a que Aguas de Rosarito le prometió al Distrito de Agua de Otay (DAO) en San Diego que el Dictamen 95 se “aprobaría a mediados de diciembre, pues de no ser así, tendrían que esperar hasta el 2020”, por lo que se caerían los planes originales para construir la desalinizadora en Rosarito.
Con el reporte del DAO en San Diego, California del pasado 1 de diciembre de 2017, se confirma que las negociaciones para la venta de agua de Baja California hacia Estados Unidos son una realidad, pero además, también indica los problemas en el retraso de los planes de construcción debido a la reprobación que existe en la región por las desaladoras.
El documento del organismo de San Diego señala que el proyecto se había estancado tras varios intentos fallidos por aprobar el dictamen en el Congreso del Estado. Por lo que menciona que “si no se da el consentimiento durante este año, se tendría que esperar la aprobación hasta 2020, después de las elecciones presidenciales de 2018 y los comicios de 2019, para gobernador de Baja California”.
Con la aprobación del dictamen 95
se endeudará a los bajacalifornianos por los próximos 37 años, ya que compromete las finanzas del estado al tener que pagar 85 mil millones de pesos a las empresas que están contratadas vía Asociación Público Privada.
En el caso concreto de la planta desalinizadora de Rosarito, el gobierno del estado tendrá que entregarle 149 millones 312 mil pesos mensuales durante casi cuatro décadas, es decir, un total de 66 mil 294 millones a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, como ente contratante.
Además, en la agenda del DAO también se comenta que “personal y representantes de Aguas de Rosarito mantienen coordinación con la Junta de Control de Recursos Hídrico de California para cumplir con los reglamentos sobre la calidad del agua”.
El presidente de la junta directiva del Distrito de Agua de Otay (DAO) de San Diego en California, Mark Robak, dio a conocer que ya están esperando parte del agua que producirá la planta desalinizadora de Playas de Rosarito, la cual comenzará a construirse en 2018.
A través de su cuenta de Twitter, Robak celebró la aprobación del Dictamen 95 en el Congreso de Baja California, aseverando que con ésta se aseguró el financiamiento para la construcción de la desalinizadora de Rosarito.
El diputado Miguel Osuna Millán advirtió en su momento que con la aprobación del Dictamen 95 se generaría un explosivo aumento en las tarifas de agua potable al entrar en operaciones la desaladora, mismo que ya se está gestionando; los organismos operadores del agua están planteando incrementos de hasta el 23% a las tarifas comerciales e industriales por consumo de agua para este 2018.
En su publicación, Robak reiteró que el DAO “puede obtener agua de la planta desalinizadora de Rosarito”, recordando que en total producirá 100 millones de galones diarios, los primeros 50 millones en la primera fase y los otros 50 en 2024, de los cuales estiman tomar entre el 10 y el 30% del líquido.
Cabe recordar que el DAO construirá una tubería de casi cuatro millas para transportar agua potable de Baja California, a través del proyecto de Sistema de Transporte y Desinfección de Otay Mesa, con un valor estimado de 30 millones de dólares, lo que proporcionará un nuevo suministro de agua a prueba de sequías.
Las negociaciones del precio del agua se espera que terminen antes de que inicie la segunda fase de la planta propuesta en Rosarito. La construcción de la tubería del lado estadounidense tomará 18 meses de construcción.
Desaladoras sobredimensionadas
De acuerdo con el diputado Miguel Osuna, se ha documentado de manera completa que en el dictamen 95 hay inconsistencias, “hay estadísticas que no son tomadas de una fuente fidedigna, es decir, no coincide con las que hemos documentado de la Comisión Estatal del Agua, INEGI, de la Comisión Nacional del Agua y la corrida financiera está plagada de defectos”.
Asimismo, agrega el diputado, que con el Dictamen 95 se estarían pagando 69 millones de metros cúbicos al año cuando la realidad es que ocuparíamos 4 millones de metros cúbicos hasta el 2025. Es decir se pagará 18 veces más por el agua que aún no necesitamos tan solo en la primera etapa.
“La planta desaladora de Playas de Rosarito: un proyecto de California, pero en territorio mexicano”
De acuerdo con el Senador por Baja California, Marco Antonio Blásquez Salinas, la planta desaladora de Playas de Rosarito es un proyecto de California, pero en territorio mexicano.
Asegura que no debe quedar duda de que el proyecto está destinado para vender agua al Distrito de Otay en San Diego. “Esas desaladoras fueron planteadas por California. Porque los desarrolladores californianos requieren de agua para dar sustentabilidad a sus proyectos industriales, comerciales e inmobiliarios. Desde hace doce años se planteó que México cargará con el tema ambiental de las desaladoras, porque si fueran tan buenas como dicen, tan amigables, toda la costa de California estaría llena de esas plantas. La pregunta es por qué quieren venir a instalarla a Rosarito” expresa.
“De ésta forma, California se quedará con el líquido a costa de nuestro ambiente y de nuestro erario, que se verá mermado por la enorme deuda que se generará por los siguientes 40 años”.
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Quienes intervinieron en la compra-venta del predio y cual fue su costo de venta?
Para cubrir los pagos del endeudamiento, los fondos se recaudaran de la misma venta del agua producida por la desaladora? de ser asi,la recaudacion producto de esa venta sera suficiente o el usuario local tendra que pagar la diferencia?
O sea que van a recibir un dinero que seguramente supera el costo real para que además sean ellos quienes vendan nuestra agua?. De seguro repartieron dinero entre los panistas y perredistas para hacer este desfalco a la nación.
¡Hay que fijarse por quien se vota!, que no nos dejen la contaminación de las desaladoras, de las minerías a cielo abierto y de empresas contaminantes.