Las modificaciones a la legislación en materia de importación de automóviles desembocaron en limitantes para la movilidad en la frontera Norte, y por ende en la internación ilegal de automotores que desde hace varios años se ha venido dando ante la complacencia de los tres niveles de gobierno, que de alguna manera u otra están obligados a impedir su circulación en territorio nacional.
Entre los más afectados está el comercio de carros importados de segunda mano, que se ha visto reducido a un 10% de lo que alguna vez fue. En concreto, del 2010 al 2013 se importaban 300 vehículos diarios, del 2016 al presente, se importan 30 vehículos. Con las determinaciones del Gobierno federal, la mayoría de los comerciantes se fueron a la informalidad.
Los autos irregulares no pagan placas, no son sometidos a verificación ambiental, no tienen seguro de Responsabilidad Civil y están siendo utilizados por la delincuencia. Además, cuando se ven involucrados en accidentes de tránsito, los ciudadanos que sí cumplen se ven desprotegidos ante el pago de los daños ocasionados.
El 85% de los delitos cometidos en Baja California, se efectúa con la ayuda de un automóvil irregular, o comúnmente llamado “chocolate”, una estrategia de los delincuentes para evitar su ubicación por parte de las autoridades.
El 85% de los delitos cometidos en Baja California se efectúa con la ayuda de un automóvil irregular, o comúnmente llamado “chocolate”, una estrategia de los delincuentes para evitar su ubicación por parte de las autoridades, dado que no hay registro de éstos para darle seguimiento a un delito. La pregunta es ¿por qué la autoridad federal hace “oídos sordos” ya sea en recogerlos o legalizarlos?
Como en toda crisis, no ha faltado quien saque provecho de la situación. Asociaciones como Onappafa y Anapromex, entre otros, continúan otorgando imitaciones de placas y elementos de identificación sin validez oficial, a cambio de una cantidad que depende del modelo del auto, usualmente el precio ronda los 2,500 pesos.
Además de brindar identificaciones falsas, dichas empresas prometen interponer un amparo para evitar que despojen al usuario de su carro; según expertos, este procedimiento jamás se realizó en los juzgados federales.
La fallida intención del Gobierno Federal por impulsar la venta de unidades nacionales se ha hecho un problema al aumentar la oferta de unidades sin importar, sumado al alto costo del trámite de nacionalización, que alcanza los 40 mil pesos.
Anapromex convence a su potencial agremiado, clamando los artículos constitucionales 14, 16, 18, 22, 39, 135 y 136. Sin embargo, el experto en asesoría jurídica en materia de Amparo y Derecho Constitucional, Juan Manuel Molina García, detalla que no hay conocimiento de estos juicios de amparo que dicen interponer.
Molina señala que lo que en realidad hacen estas organizaciones es un control para crear un peso político. “Ellos están esperando que bajo una presión social, los gobiernos vuelvan a emitir decretos como se ha hecho antes, y entonces les van a cobrar el cumplimiento de la promesa a los agremiados”, asevera Molina.
Según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), suman más de un 1, 200,000 unidades circulando ilegalmente en la entidad, producto de una cadena de corrupción que inicia cuando la unidad interna a territorio mexicano.
En agosto del 2016, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) aplicó un censo vehicular exhortando a los propietarios de un auto “chocolate” a registrarse para obtener una cifra estimada de cuántos de estos vehículos había. Como resultado se obtuvo el registro 24 mil 416 autos irregulares. El 95% eran de más de diez años de antigüedad, por consecuencia el costo de la importación oscilaba de 1,500 a 2,000 dólares.
En la lista “oficial” de carros chocolate aparecen varios vehículos de lujo como: Mercedes Benz (62 unidades), Lincoln (54), BMW (62), Cadillac (36), Land Rover (19), Lexus (15), BMW Trucks (4), Lincoln Trucks (31), Alfa Romeo (1), Jaguar (3) e incluso está inscrita una motocicleta Harley Davidson.
Una vez en territorio mexicano, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de ejercer procedimientos administrativos en materia aduanera que consisten en el embargo del vehículo y en la determinación de adeudos por impuestos omitidos, multas, actualizaciones y recargos. Desgraciadamente el SAT no ha ejercido las acciones correctas en contra de estos autos chocolate”.
Jorge Alberto Pickett Corona
Abogado fiscalista
De acuerdo con el director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado (SPF), Nolberto González Grajeda
los municipios no requieren un permiso federal para sancionar o remolcar una unidad que no obedezca los reglamentos, como la falta de identificaciones expedidas por la autoridad.
“Los reglamentos de tránsito de los municipios establecen que los autos deben contar con matrícula y tarjeta de circulación en vigor, de conformidad a la ley, por lo que tienen la facultad de sacar de circulación los autos “chocolate”, señala.
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