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Las aguas negras provenientes de Tijuana, Baja California, contaminan mares nacionales y de EE.UU. sin que el Gobierno estatal, a cargo de Francisco Vega de Lamadrid, trabaje para mitigar el problema, denunció Serge Dedina, Alcalde de Imperial Beach –ciudad fronteriza del condado de San Diego–, quien aseguró que la corrupción en ese estado mexicano ha sido la causante de la situación.
El político estadounidense declaró que la inversión en viviendas e industrias de todo tipo en Baja California ha ocurrido sin el control necesario para evitar contaminación, por lo que los desechos son vertidos al mar y dañan ambos lados de la frontera.
“Es muy obvio que hay un grupo de inversionistas y políticos en Baja California que se han beneficiado mucho por promover la inversión económica, el desarrollo de viviendas y la industria sin conexión al drenaje. Lo que estamos viendo es el símbolo de corrupción masiva en Baja California. La corrupción se ve en la contaminación del agua”, destacó en una entrevista con el portal informativo Sin Embargo.mx
“Soy el político más pro México en todo los EE.UU., mi trabajo se ha enfocado en mantener relaciones positivas con México y veo la oportunidad de trabajar juntos, pero la corrupción del Gobierno de Baja California está provocando todo esto”, añadió.
Asimismo, el Alcalde de la ciudad ubicada en el condado de San Diego, California, EE.UU., manifestó que la contaminación ha provocado la proliferación de diversas enfermedades entre sus 28 mil habitantes –la mitad de ellos latinos–, por lo que de la mano de la organización Costa Salvaje buscará denunciar al Gobierno de Vega de Lamadrid ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Anna Cristhabel Verdugo, de la organización Costa Salvaje, explicó que la Planta de Tratamiento de San Antonio de los Buenos, conocida también como Punta Bandera, vierte más de mil 100 litros por segundo de aguas negras en la zona costera de San Antonio del Mar, Baja California; debido a ello, las playas San Antonio del Mar, Playa Blanca y Baja Malibu han sido cerradas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios (COFEPRIS) que pide evitar el uso acuático-recreativo.
“Lo que pasa ahorita es que el pueblo mexicano –por esta contaminación que viene por la corrupción– no tiene acceso a su propia costa y eso está además afectando a mi comunidad que es 50 por ciento latina […] Hemos sufrido una epidemia de enfermedades no solo por el contacto con el agua, cuando hay derramas muy severas, la contaminación permanece en el aire también. Mucha gente se ha enfermado debido a los vientos”, expuso el Alcalde de Imperial Beach a Sin Embargo.
Paloma Aguirre, directora del Programa Costero y Marino de Costa Salvaje, informó que además de la denuncia que presentarán junto con Imperial Beach por la violación a los derechos humanos, la organización emitirá otra más también en contra del Gobierno de Baja California a fin de que trabaje para arreglar la planta, repare los daños y, de ser el caso, sea sancionado.
“Nuestros abogados están en el análisis de cómo, cuándo y dónde [emitir la denuncia], pero de que se va a mover adelante, se va. A menos que el gobernador Francisco Vega decida presentarse a decir que va a hacer un plan para mitigar la situación”, comentó.
Aguirre, quien es maestra en estudios avanzados en biodiversidad y conservación marina por el Instituto de Oceanografía Scripps de la Universidad de California, aseguró que el problema podría ser resuelto pero “falta voluntad política” por parte de Vega de Lamadrid.
La planta, añadió Verdugo, ha operado durante varios años sin funcionamiento adecuado y únicamente trata las aguas negras a un 20 por ciento del nivel que debería alcanzar y a consecuencia de ello el líquido contaminado es vertido al mar.
“La playa de Imperial Beach es una de las más contaminadas en el norte de América, pero compartimos ese ‘premio’ con playas de Tijuana. Estamos afectados por la contaminación de Tijuana, de lo que llamamos el río de aguas negras de Punta Bandera o San Antonio de los Buenos, una planta de tratamiento de aguas negras que desecha aguas tóxicas directamente al mar todos los días. Es una situación muy grave”, dijo al respecto el Alcalde.
Finalmente, el Alcalde hizo un llamado a Vega de Lamadrid para tomar acciones urgentes para detener las descargas de Punta Bandera y reparar la planta a la brevedad para evitar más impactos a la salud pública y la fauna marina.
“Coopera y busquemos una solución juntos, asignamos un presupuesto y buscamos una solución inmediata”, sugirió al mandatario bajacaliforniano, y advirtió: “vamos a seguir empujando hasta que haya una respuesta de presupuesto, plan, fechas y solución”.
Lo más grave para el Gobierno de Baja California que encabeza Vega de Lamadrid es su falta de voluntad política y falta de transparencia en sus acciones, pues maneja el tema del agua como si fuera un negocio propio y no un bien nacional de uso público.
A este conflicto regional, se suma la falta de transparencia en proyectos como la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali y la planta desalinizadora de Rosarito, que de acuerdo con múltiples fuentes de distinta índole, tiene planes para exportar el 50% del agua producida a San Diego. Según el Distrito de Agua de Otay, organismo distribuidor de agua en el sur del condado de San Diego, sino existiera un proyecto para exportar agua no se habrían otorgado los créditos para financiar el proyecto de la desalinizadora de Rosarito.
Francisco Vega también ha hecho el mayor de los esfuerzos por no transparentar la obra de la recién inaugurada desalinizadora de Ensenada, cuyo retraso en el inicio de operaciones ha creado gran incertidumbre entre los ciudadanos de ese municipio sobre cuánto va a costar el m2 de agua desalada después de tantos retrasos y costos ocultos. Cuando se licitó se habló de .80 centavos el m2 ¿a cuánto lo cobrará el gobierno actual?
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