El Largo brazo de la Ley

Baja California está viviendo una época de incertidumbre, no solo por lo que puede suceder cuando tome posesión Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como presidente legítimo de México, ya que se avecinan cosas muy positivas y a su vez muy negativas, pero realmente lo que suceda a partir del primero de diciembre consideramos será positivo para nuestro estado, el cual, por primera vez está recibiendo y percibiendo señales de que se le va a apoyar desde el centro del país, esperemos y esto sea así. Por lo pronto los anuncios de bajar el IVA y promediarlo al equivalente en toda la franja fronteriza con EE.UU., de bajar el ISR y de generar una zona económica especial será como recuperar algo de lo que administraciones pasadas nos quitaron, y devolvernos competitividad.

Todo esto suena muy alentador y ojalá se concrete, sin embargo, existe gran incertidumbre por conocer las reglas del juego de estos anuncios, y sobre todo por saber si la corrupción y la impunidad que se ha arraigado en Baja California serán ignoradas.

AMLO ha dicho que no busca perseguir ni meter a nadie a la cárcel, sin embargo no ha aclarado que pasará en aquellos casos donde la corrupción y la impunidad han afectado al tejido de una sociedad como la nuestra.

Al Gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, lo comparan con el ex gobernador Javier Duarte, quien está actualmente en prisión, debido a la falta de transparencia en sus acciones y a los resultados obtenidos en estos cinco años de su administración, donde uno de los problemas que más acusan en los medios, es el gran rezago en infraestructura y la pésima situación de las finanzas públicas que ha caracterizado a la administración de Kiko Vega, y que se debe no a la falta de recursos, sino a los malos manejos de los mismos y por supuesto, a la falta de transparencia en el destino del dinero de los bajacalifornianos.

El gobernador es simpático, pero deja mucho que desear, dice Jaime Bonilla, actual senador por Baja California, el cual en más de una ocasión ha comentado la falta de transparencia sobre más de 2 mil millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado, y la actual administración no sólo no ha aclarado sino que paga inserciones publicitarias para informar lo contrario.

Esta administración panista se ha caracterizado por usar los cargos públicos para reclutar incondicionales que únicamente respondan a intereses cupulares, y para su beneficio, olvidando su principal misión “El Bien Común”. Recientemente se está discutiendo la posibilidad de una reforma a la Constitución de Baja California, publicada en octubre de 2014 la cual firma el actual gobernador, e indica en su artículo octavo transitorio que el Gobernador electo para el proceso de 2019 iniciará funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021, para empatar las elecciones locales con una elección intermedia federal.

El pasado 9 de septiembre inició el proceso electoral en Baja California; el 2 de junio del 2019 se renovará 1 Gubernatura, 5 Ayuntamientos y 25 diputaciones del Congreso local.

La Vigésima Segunda Legislatura de Baja California, remite una opinión jurídica, respecto a la propuesta presentada por el Colegio de Abogados “Emilio Rabasa A.C.” de Tijuana, donde se plantea derogar el artículo octavo transitorio de la Constitución local, el cual establece que el gobernador electo en 2019 iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021, proponiendo reemplazarla por una de 5 años.

Me dedico a los bienes raíces y lo seguiré haciendo”:

Kiko Vega

Lo anterior sustenta su base jurídica en lo estipulado en el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

Sin embargo, el actual gobernador esta siempre dispuesto a negociar (únicamente para sus intereses) y uno de sus principales operadores, Carlo Humberto Bonfante Olache, se reunió recientemente con la presidenta nacional del Partido Morena, Yeidckol Polevnsky, el nuevo representante de Morena en BC Leonel Godoy, el senador Jaime Bonilla, entre otros, y se comenta que fue para negociar el cambio de término de la próxima gubernatura, lo cual es viable políticamente pero no jurídicamente, pero en México todo es posible, la pregunta es ¿Qué está negociando el gobernador y su representante para realizar este cambio?

Por lo pronto, Yeidckol Polevnsky declaró: “La gente rechaza un gobierno que trajo la corrupción y la inseguridad, las condiciones son muy buenas para ganar, más si se cumplen promesas”. Ya en su reciente visita López Obrador repitió que habrá Zona Libre, se homologará la gasolina, bajará el IVA al 8% y el ISR para la franja fronteriza.

En el Gobierno de Kiko Vega subsisten irregularidades por 2,310 millones de pesos: ASF

El gobierno estatal de Baja California no ha podido concluir con las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual indica que actualmente se le da seguimiento a más de 2 mil 310 millones 272 mil 595.96 pesos que no han sido comprobados.

De acuerdo con la revisión de las cuentas de 2014 a la primera entrega de las Cuentas Públicas de 2017, la administración encabezada por Kiko Vega tiene 112 observaciones a las que actualmente la ASF les está dando seguimiento. El órgano de fiscalización es muy claro al informar que “subsisten irregularidades”, cabe reiterar que la ASF es la única autoridad oficial que notifica si son aclarados los malos manejos de los recursos públicos y no el estado o municipios. Es decir, ni gobernador ni secretarios de finanzas, son autoridad para decir si fueron resueltas las observaciones encontradas.

Denuncian en PGR a Kiko Vega por desvío de recursos

Por otra parte, el Partido Encuentro Social (PES) de Baja California -ahora “Transformemos”-, presentó en la Subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR), en Mexicali, una denuncia contra el Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, por el desvío de recursos de más de mil 400 millones de pesos.

El origen de la denuncia radica en las 10 investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, cuyos resultados revelan el desvío de recursos de más de mil 400 millones de pesos, cuyo destino no fue solventado o justificado.

Recursos federales en BC arañan los 100 mil millones de pesos, SHCP

Es paradójico conocer que del periodo 2014 al mes de agosto de 2018 (último dato), a la administración encabezada por Kiko Vega se le han entregado 94 mil 464.7 millones de pesos, mostrando un incremento durante cada año, y por el otro lado Kiko Vega ha incrementado la deuda pública de Baja California en 2 mil 557.8 millones de pesos (mdp) desde que comenzó su administración al primer trimestre de 2018, documenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En ese sentido, Kiko Vega llevó las obligaciones del Estado de 9 mil 352.8 mdp (cierre 2013) a 11 mil 910.6 mdp al 31 de marzo del presente año, un aumento de 27.3%. (El endeudamiento presentado excluye a los municipios).

Lo preocupante de la cantidad es que no se ha usado para infraestructura, ya que como informó el INEGI la construcción de obra pública está en picada y atraviesa por uno de los peores momentos de la historia en Baja California, por lo que no hay incertidumbre de cómo se ha utilizado el dinero, incluso la SHCP ya puso en observación la deuda estatal y las calificadoras le han bajado la nota crediticia.

Para dar un panorama de las presiones de las finanzas estatales, el diario digital Monitor Económico publicó los últimos reportes de Moody´s y Fitch Ratings.

Moody´s pone en bono basura la deuda de BC

La agencia calificadora Moody´s puso en bono basura a las finanzas del gobierno de Baja California, encabezado por Kiko Vega, es decir, el Estado tiene un alto riesgo de impago de sus obligaciones, además de la advertencia de que se seguirá contratando deuda.

BC tiene alto nivel de endeudamiento: Fitch Ratings

Un alto nivel de endeudamiento a corto plazo y un desempeño presupuestal débil caracterizan a las finanzas del gobierno de Baja California, señala Fitch Ratings.

En ese sentido, la agencia fue más amplia y documenta que: “El crecimiento paulatino de la deuda de corto plazo en los últimos tres ejercicios incrementó el riesgo crediticio del estado. El saldo de los documentos por pagar a corto plazo ascendió a 3,329 millones de pesos en diciembre de 2016 desde 2,750 millones de pesos en 2015 y 1,095 millones de pesos en 2014”, “muy superior a lo considerado por Fitch en evaluaciones anteriores”, menciona en su reporte.

Por otra parte, el desempeño presupuestal de Baja California es considerado débil por Fitch porque el nivel de gasto operacional (GO) es alto y merma su generación de ahorro interno, afectando su posición de liquidez.

Las malas noticias no viene solas y nunca son de un solo frente, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC) ordenó al Congreso del Estado entregar al abogado Fernando Rosales el expediente que autoriza a Kiko Vega a endeudar por más de 82 mil millones de pesos a los bajacalifornianos a través de proyectos en la modalidad APP.

¿Publicidad engañosa del gobierno de Kiko Vega?

En ese sentido, el ITAIPBC informó que:

Durante la quinta sesión ordinaria de agosto, el Pleno del ITAIPBC, ordenó al Congreso del Estado emitir una orden de pago para que un ciudadano pueda acceder a información pública, el oficio número DPP/266/2018 de fecha 9 de julio de 2018, el 31 de agosto, sin embargo esta resolución, nos informan, no ha sido acatada porque no saben quién debe emitir un justificante de pago.

Propone Senadora crear comisión que investigue desvíos detectados por la ASF

La senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes solicitó a la Junta de Coordinación Política proponga al Pleno del Senado la creación de una Comisión Especial de Investigación que dé seguimiento a los presuntos desvíos de recursos detectados por la Auditoría Superior de la Federación, en los que presuntamente están involucradas dependencias federales, organismos e instituciones públicas estatales, así como una serie de empresas privadas.

Cabe recordar que en el caso de Baja California, se han detectado irregularidades en las finanzas públicas por 2 mil 310 millones de pesos, de acuerdo con el último reporte de la ASF sobre las cuentas estatales encabezadas por Kiko Vega.

Kiko Vega ignora la Suprema Corte en aras de los negocios con las desaladoras y venta de Agua.

Sin esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine si es o no inconstitucional el decreto legislativo que da vida a los contratos de asociación pública privada (APP) para construir dos plantas desalinizadoras en la región costera de Baja California y el drenaje pluvial de Mexicali, que representan un endeudamiento público de 82 mil millones de pesos por hasta 37 años, Kiko Vega formalizó el “inicio” de la construcción de la desalinizadora israelí KENTON en el valle de San Quintín.

Después de 4 años en que con bombo y platillo presumió la confirmación de la primera APP no solicitada para resolver el tema del agua en el Valle de San Quintín, recientemente se llevó a cabo una reunión para anunciar el inicio de esta obra, la cual se rumoraba no se iba a realizar.

Kiko Vega informó en la reunión de trabajo que la desalinizadora del valle de San Quintín cubrirá las necesidades de agua potable que tienen los más de 108 mil habitantes de la región, por lo que a partir de noviembre, y durante 20 meses, la empresa KENTO realizará trabajos para construir los caminos de acceso y movilización al sitio, las zanjas para la tubería que conducirá el agua de mar tratada, la instalación de postes para suministro eléctrico, las plataformas de pozos y las excavaciones de suelo para el edificio de la planta.

Esto, gobierno y empresa lo harán pese a que desde los primeros días de enero pasado la Suprema Corte de Justicia estudia la petición de 11 diputados de Baja California para declarar inconstitucional, y por lo mismo inválida, la aprobación del decreto legislativo 168 relativo a los contratos de Asociación Público Privadas (APP) para la construcción de las dos desalinizadoras y la edificación del drenaje pluvial en Mexicali.

De acuerdo con el decreto rebatido, lo que se aprobó en aquel “madruguete legislativo” representa una carga financiera de 82 mil millones de pesos por la construcción de seis obras de infraestructura, cuya garantía de pago es la recaudación gubernamental durante 35 años del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo.

Se espera que la Suprema Corte de Justicia emita una resolución al juicio de inconstitucionalidad del decreto 168 del Congreso de Baja California, antes de que concluya el año.

Sin embargo, este no es el único desacato a la SCJN, ya que el área de comunicación del gobierno de Baja California una vez más buscó a través de un comunicado “descalificar” la información sobre la que la SCJN dio entrada al amparo contra Kiko Vega por el tema del agua en Mexicali en relación directa con Constellation Brands.

Recordemos que la senadora Alejandra León comentó en las redes sociales que la Primera Sala de la SCJN dio entrada el amparo contra el gobernador de Baja California, Kiko Vega, por autorizar la entrega de 20 millones de metros cúbicos de agua del acuífero del Valle de Mexicali a la compañía cervecera Constellation Brands.

Por otra parte, el Colegio Estatal de Economistas de Baja California (CEEBC), en un reporte emitido sobre la actividad económica de Baja California, observó que los números reflejan muchos viajes de promoción mientras las inversiones continúan yéndose, señalando que con Kiko Vega se fueron tantas inversiones como con Guadalupe Osuna Millán, su antecesor, pero este último enfrentó la mayor crisis económica de la historia reciente de B.C.

En la administración de Kiko Vega se fueron 188.1 mdd (periodo cinco años y un semestre), muy cercanas a las cifras de Osuna Millán con 227.9 mdd de desinversiones en 6 años. Por lo que respecta al lapso del ex gobernador Eugenio Elorduy, apenas se fueron 37.9 mdd.

El origen de la IED, es otro factor contundente que refleja que los viajes a Europa y Asia de Kiko Vega y compañía no han servido de nada, ya que la mayor inversión en Baja California es por parte de EE.UU., mientras que los capitales europeos son los menos en el total, incluso, reportan también desinversiones.

De tal forma, el país del norte participa con el 67% de la IED total que tiene el Estado, desde el periodo 1999 al segundo trimestre del presente año, y después se encuentra Corea del Sur que aporta el 11% del total, el resto es entre diferentes países cuya participación en el total es menor de dos dígitos.

Kiko Vega y su equipo de primer nivel realmente deberían estar preocupados por las acciones de la ASF, SHCP y la SCJN, lo que sucederá en los próximos meses es una incógnita que está en manos de la justicia, sin embargo, las pruebas en contra de esta administración son tan abrumadoras que esperemos y los mensajes que envía el presidente electo sean en harás de combatir realmente la corrupción y la impunidad.

Meme que circula en Redes Sociales