México necesita una CFE con finanzas sanas.

La iniciativa de Reforma Energética las debilitaría.

Actualmente se discute en el congreso una iniciativa de reforma energética que pretende, entre otras cosas, recuperar la participación de mercado del 54% en la generación de la energía demandada en el país (participación de mercado que tuvo la CFE en 2018). Al cierre de 2020 la CFE generaba aproximadamente el 38% de la energía demandada en México. Aunque la CFE tiene capacidad instalada de generación para producir un mayor porcentaje de energía, esta capacidad no es utilizada; esto se debe a que sus plantas son comparativamente más antiguas e ineficientes y, por lo tanto, tienen mayores costos.

El IMCO advierte que en caso de aprobarse la iniciativa e implementarse las políticas propuestas, la CFE se vería forzada a incurrir en costos adicionales para poder generar y suministrar la energía eléctrica demandada en el país. Estos costos tendrían impactos significativos para los consumidores, afectarían el clima de inversión, así como las finanzas públicas y la economía del país. No es necesario erogar recursos públicos adicionales en un segmento donde actores del sector privado, mediante la correcta regulación por parte de organismos autónomos, pueden asumir el riesgo financiero y la responsabilidad. La CFE debe priorizar las inversiones en sus monopolios legales, es decir, reforzar y expandir sus redes de transmisión y distribución, donde si la empresa no invierte, nadie más lo hará. 

Con el objetivo de analizar su potencial impacto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) construyó tres escenarios a partir de datos oficiales para identificar estos costos. En cada uno de los escenarios se calculó el costo para la CFE de generar por sí misma el diferencial de energía necesaria para cumplir con la meta de participación de 54%, además de la energía adicional que se demande en el país entre 2022 y 2028. Estos son:

• Escenario 1: Se plantea un supuesto en que la CFE invierte en el nuevo parque fotovoltáico y en la renovación de 14 de las 60 centrales hidroeléctricas, y el resto de la demanda se cubre con termoeléctricas, carboeléctricas y ciclos combinados. 

La CFE enfrentaría un costo de 512 mmdp a precios del 2021 para el  periodo 2022-2028: 427 mmdp para generación eléctrica, 70 mddp de inversión y 15 mmdp de operación y mantenimiento.

• Escenario 2: CFE invierte en el nuevo parque fotovoltáico y se aumenta el factor de planta (indicador que refleja la relación entre la energía real generada en un tiempo determinado y la energía que se habría producido si la planta operara al 100% de su capacidad) de todas las hidroeléctricas de 40 a 60% (promedio mundial). El resto de la demanda se cubre con termoeléctricas, carboeléctricas y ciclos combinados. 

La CFE enfrentará un costo de 406 mmdp a precios del 2021: 324 mmdp por costos de generación, 73 mmdp por costos de inversión y 9 mmdp por costos de operación y mantenimiento.

• Escenario 3: Supone que la CFE compra su energía adicional en las subastas de largo plazo (donde los suministradores y grandes usuarios pueden celebrar contratos anuales de largo plazo -15 años para energía y potencia y 20 años para Certificados de Energías Limpias- que se llevaron a cabo entre 2015 y 2017) sin cambios a la legislación existente. De comprar la energía adicional en las subastas de largo plazo, la CFE tendría que cubrir un costo de 94 mmdp a precios del 2021. 

Este escenario es conservador en la medida que los costos de generación renovable no son estáticos, sino que han registrado reducciones por las mejoras tecnológicas. 

Modificar el sector eléctrico como pretende la iniciativa de reforma energética, en lugar de fortalecer a la CFE, provocará que la empresa se vuelva aún más dependiente de los subsidios del Estado. Los costos de generación y de inversión en estos escenarios pondrían a la empresa en una situación financiera precaria e insostenible por lo que, en el mediano plazo, se hará imposible mantener las tarifas eléctricas sin incrementos mayores a la inflación como ha prometido repetidamente el Gobierno federal. 

La política energética debe poner a ciudadanos y consumidores en el centro. Independientemente de una discusión entre Estado y mercado, la meta debe ser ofrecer electricidad confiable, limpia y a precios competitivos. Esto se logra a través de competencia, regulación e inversión. 

Fortalecer a la CFE empieza por reconocer que la empresa no tiene la capacidad para ser el único actor relevante en la industria eléctrica. Por ello el IMCO Propone:

• Retomar las subastas a largo plazo. Las subastas a largo plazo tenían como objetivo beneficiar a ciudadanos y consumidores al incentivar inversiones en energías renovables, fomentar la competencia en el sector y estabilizar los precios de la potencia.
• Fortalecer y expandir la Red Nacional de Transmisión para garantizar la seguridad del sistema y facilitar la unión de generadores privados a la red.
• Retomar el programa de retiro de centrales. Se propone que se retiren las plantas de generación más contaminantes y, en el largo plazo, se priorice la instalación de aquellas con menor huella ambiental y de carbono para su funcionamiento.