La resolución pide a la Corte Internacional de Justicia que decida si los gobiernos tienen la obligación legal de proteger contra los peligros climáticos
La Asamblea General de la ONU aprobó el miércoles una resolución solicitando al máximo tribunal mundial que defina las obligaciones legales de los países relacionadas con la lucha contra el cambio climático.
La medida, encabezada por la pequeña nación insular del Pacífico de Vanuatu que se ha visto afectada por las tormentas y el aumento del nivel del mar, podría empujar a las naciones a tomar medidas más enérgicas.
El primer ministro de Vanuatu, IshmaelKalsakau, calificó la resolución como “una victoria para la justicia climática de proporciones épicas”.
“Tendrá un impacto poderoso y positivo en la forma en que abordamos el cambio climático y protegemos a las generaciones presentes y futuras”, dijo.
Inspirada por estudiantes de derecho de las islas del Pacífico, la resolución pide a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos, que establezca las obligaciones de las naciones para proteger el clima.
“Juntos, están haciendo historia”, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la Asamblea General.
La resolución no es vinculante, pero Guterres dijo que una opinión de la CIJ “ayudaría a la Asamblea General, la ONU y los estados miembros a tomar la acción climática más audaz y fuerte que nuestro mundo necesita desesperadamente”.
Más importante aún, la medida también le pide a la CIJ que establezca las consecuencias legales por no tomar medidas.
Cuidadosamente elaborada para evitar culpar a las naciones que más han contribuido al calentamiento global, la resolución fue copatrocinada por más de 120 países, incluidos Gran Bretaña, Francia, Alemania, Australia, Marruecos y Nueva Zelanda.
Pero ninguno de los dos mayores contaminadores del mundo, EE.UU. y China, lo respaldaron.
El diplomático estadounidense Nicholas Hill dijo que Washington no estaba de acuerdo con que la iniciativa fuera el mejor enfoque para lograr “objetivos compartidos” sobre el clima y reafirmó la posición de EE.UU. de que “los esfuerzos diplomáticos son el mejor medio para abordar la crisis climática”.
La idea de buscar una opinión legal consultiva de la CIJ surgió de un grupo de estudiantes de derecho de naciones insulares hace cuatro años.
Una de las estudiantes, Cynthia Houniuhi, presidenta de Pacific Islands Students Fighting Climate Change, aseguro: “Es hora de que escuchemos lo que el tribunal más alto del mundo tiene que decir sobre un tema que representa una amenaza existencial no solo para nosotros en la región del Pacífico, sino también a los de todo el mundo”.
Ella dijo que primero aprendieron sobre el “nexo entre el cambio climático y los derechos humanos” en su clase de derecho ambiental internacional.
Con una población de solo 300.000 personas, el aumento del nivel del mar amenaza la existencia de Vanuatu. Declaró estado de emergencia este mes después de que lo golpeara un terremoto de magnitud 6,5 seguido de dos ciclones de categoría cuatro en una semana.
La Sra. Houniuhi y sus compañeros de clase intercambiaron ideas sobre formas de buscar acciones a través de varios mecanismos legales.
“Estábamos convencidos de que la Corte Internacional de Justicia era la opción más atractiva después de nuestra evaluación del impacto global que dicha autoridad puede tener en los esfuerzos para combatir la crisis climática”, dijo.
Se contactaron con Jorge Vinuales, profesor de derecho y política ambiental en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, quien ayudó a redactar la pregunta legal para ir a la CIJ. Aseguro que el cambio climático era el “principal desafío al que se ha enfrentado la humanidad”.
“Por difícil que sea el camino para llegar a la CIJ, realmente necesitamos escuchar de la corte mundial si la conducta que, durante más de dos siglos, ha llegado a dañar masivamente las condiciones de la existencia humana tal como las conocemos, es legal o no bajo la totalidad del derecho internacional”, dijo.
Los estudiantes redactaron una carta a los líderes de las islas del Pacífico que impulsó al gobierno de Vanuatu a cabildear por la resolución climática en la ONU.
Los funcionarios lanzaron la campaña en septiembre de 2021.
El experto en justicia internacional de Human Rights Watch, Richard Dicker, dijo que “las personas en la primera línea de la crisis climática tienen “poco acceso a tribunales independientes para lograr la rendición de cuentas y la reparación”. Activistas y ciudadanos comunes que defienden sus derechos a la tierra y al medio ambiente han enfrentado intimidación, hostigamiento legal y violencia letal”, dijo.
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