Situación de las políticas sobre economía circular en México

• La economía circular (EC) implica la transición del modelo lineal extraer-usar-desechar a uno regenerativo y restaurativo en el que se minimizan los impactos ambientales de los materiales a lo largo de su ciclo de vida.
• Para promover una economía circular hacen falta políticas y un marco legal que permita su adecuada implementación.
• El diseño de políticas públicas en materia de economía circular debe considerar el contexto en el que se van a aplicar y la existencia de condiciones habilitadoras.
• A pesar de que en México muchos estados cuentan con regulaciones para la prohibición de plásticos de un solo uso, sólo dos cuentan con un enfoque de economía circular: Quintana Roo y Baja California.
• A nivel federal, en 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), elaboró la Visión nacional hacia una gestión sustentable: cero residuos, que contiene principios rectores, una hoja de ruta y líneas de implementación, con elementos de economía circular.
• En el ámbito legislativo federal, existe la iniciativa de Ley general de economía circular y la propuesta de reformas y adiciones en materia de plásticos y residuos sólidos urbanos.

En el contexto global, existe una creciente demanda de bienes y se tiene una sobreexplotación de recursos naturales. La economía lineal está basada en extraer, usar y desechar. Por el contrario, el concepto de una economía circular se ha posicionado como una alternativa que busca, entre otros, eliminar los residuos, extender la vida útil de los productos y gestionar su reutilización, así como preservar el medio ambiente.

A nivel nacional, posiblemente el intento más visible por legislar en el tema ha sido la iniciativa de ley general de economía circular, que a la fecha de este reporte estaba siendo debatida por el poder legislativo federal. A nivel subnacional, se observa que 29 de las 32 entidades han aprobado disposiciones con algún tipo de prohibición para plásticos de un solo uso. Destacan los avances a nivel estatal de Quintana Roo y Baja California, que cuentan ya con un ordenamiento de gestión de residuos con una perspectiva de economía circular (Ley para la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos). A nivel municipal, destacan los casos de Landa de Matamoros, Querétaro, y San Andrés Cholula, Puebla, que expidieron reglamentos municipales con una visión similar. Aunque todos estos instrumentos tienen como objetivo común el transitar hacia una economía circular, utilizan enfoques, principios, figuras jurídicas, regulaciones y metas distintas.

La elaboración de políticas públicas de economía circular es un proceso gradual para el cual se requiere facilitar la colaboración entre actores y mejorar el marco regulatorio. Para este análisis, se identificaron una serie de indicadores (económicos, sociales, de diseño y operación de políticas públicas, así como de procesos de producción) con el fin de evaluar el progreso hacia la transición a un modelo de economía circular.

En general, se ha observado un creciente interés de las autoridades gubernamentales y legislativas del país a nivel nacional y subnacional por incorporar la economía circular en la planeación pública, como se observa en las recientes iniciativas y regulaciones que mencionan este término. Es evidente que se busca adoptar un enfoque de circularidad en la prevención y gestión de residuos que regule las prohibiciones de plásticos de un solo uso o aplique, en mayor o menor medida, criterios de justicia social y fomento económico en la economía circular.

Se observa, sin embargo, que hay diferencias sustanciales entre las legislaciones y las políticas vigentes. Por ejemplo, no se consideran los mismos términos o definiciones y no se observa relación o seguimiento entre ellos. En este sentido, y para alinear criterios en la elaboración de políticas públicas de economía circular, se propone:

1. integrar una visión transversal y homologada en los documentos estratégicos de política pública, como por ejemplo contar con programas sectoriales o especiales en materia de economía circular;
2. utilizar los mismos sustentos jurídicos generales y elaborar los fundamentos específicos correspondientes, de acuerdo con las atribuciones que se tengan por parte de cada entidad;
3. adoptar definiciones uniformes de conceptos básicos o clave, que hayan sido adoptados a nivel internacional o sean parte de un marco de análisis, e
4. incorporar criterios de corresponsabilidad entre productores y consumidores.

En resumen, se han elaborado leyes y regulaciones en materia de economía circular en México como la Ley para la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos del estado de Querétaro (publicada en diciembre de 2021) o la Ley de economía circular de la Ciudad de México (publicada en febrero de 2023). Otras más pueden encontrarse en desarrollo y dan muestra de los avances y el creciente interés que existe en este tema en el país.

Además de los residuos plásticos, las políticas públicas en economía circular tienen aplicabilidad en diferentes sectores y podrían identificarse limitaciones en la infraestructura existente para su implementación, lo cual deberá revisarse a detalle y por sector para su seguimiento y evaluación. Los impactos del sistema económico vigente, caracterizado por un enfoque consistente en tomar, usar y disponer, son notorios, incrementales e insostenibles en el mediano plazo, dada la posibilidad de llegar a un punto de no retorno. En contraste con lo anterior, la economía circular es una alternativa de desarrollo económico, enfocada en beneficiar a la sociedad, la economía y el medio ambiente, bajo el precepto del desacoplamiento del crecimiento económico y el consumo de recursos finitos.

En el caso particular de México, se observa el interés creciente de las autoridades gubernamentales para incorporar la economía circular en la gestión pública, así como para aplicar un enfoque de circularidad en la prevención y gestión de residuos, regular las prohibiciones de plásticos de un solo uso, y hacerlo, en mayor o menor medida, bajo criterios de justicia social y fomento económico. El decreto de dictamen de la iniciativa de ley general de economía circular (reglamentaria en materia ambiental y de la planeación económica) reitera además la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores del sector informal, lo cual corresponde a la federación.

A nivel subnacional en México, la mayoría de las entidades federativas cuentan con algún tipo de regulación que se refiere a la circularidad en sus leyes de protección ambiental o las de prevención y gestión de residuos sólidos. La excepción son el Estado de México, Guanajuato y Tlaxcala. Sin embargo, se observa que, en la práctica, hay un espectro amplio de perspectivas y alcances entre los instrumentos e iniciativas que abordan el tema.

Para que el país y sus entidades federativas y municipios transiten de manera efectiva a la economía circular, se recomienda que las políticas públicas que adopten:

1. integren una visión transversal y consistente, con base en las recomendaciones de la Agenda 2030;
2. utilicen los mismos fundamentos jurídicos generales y los específicos que les correspondan, de acuerdo con atribuciones particulares;
3. adopten en lo posible definiciones comunes de conceptos básicos o clave;
4. valoren la incorporación de criterios de responsabilidad entre productores y consumidores, e
5. integren un marco de avance para su seguimiento y monitoreo, con elementos de ejecución y mecanismos para su evaluación.

Desde el punto de vista de la gobernanza, para asegurar la participación, inclusión y sentido de corresponsabilidad, se sugiere que en las deliberaciones sobre nuevas iniciativas se establezcan mesas de diálogo que incorporen a todos los grupos de la sociedad involucrados o potencialmente afectados por las decisiones que se tomen.

Si bien algunos de los instrumentos vigentes o en discusión abordan temas de justicia social y ambiental, tales como los que tienen que ver con la pepena, el reciclaje informal, la salud pública y la salud de los ecosistemas, el tema de la equidad de género no se menciona en forma contundente. Incluso, en ocasiones no se percibe como relevante.

Dado que cada vez existen más políticas públicas (legislaciones, regulaciones, estrategias o programas) que integran elementos de economía circular a nivel estatal y municipal en México, se propone como siguiente paso generar espacios y mecanismos de colaboración para buscar la integración de un marco de seguimiento. Esto ayudaría a que las políticas integren principios de economía circular, contengan factores para su implementación y asienten objetivos universales de política, por medio de los cuales se podría avanzar para lograr una transición efectiva.

Desde Business Conexión, preguntaremos a la Secretaria de Economía e Innovación que acciones han realizado sobre este tema.