CUANDO EL PODER NUBLA LA RAZÓN

Dice un presagio que las futuras guerras se realizarán por culpa del agua

El 29 de noviembre del 2016 el equipo del gobernador Francisco Vega de Lamadrid envió al Congreso del Estado de Baja California una serie de iniciativas que contemplan, entre otros aspectos, la privatización (a través de la distribución) del servicio de agua potable del estado. La ley incluye el aumento de tarifas por consumo del vital líquido y el corte del suministro tras 90 días de impago, lo cual constituye un acto anticonstitucional al violar el derecho humano al agua, convertir este bien común en una mercancía y privatizar la distribución del vital líquido.

Es importante destacar que los concesionarios de pozos de agua (agricultores), quienes tienen los derechos de los permisos de riego, no fueron tomados en cuenta y por lo tanto la citada ley resulta contraria a los intereses de los campesinos y agricultores en general.

El pasado 20 de diciembre, el Congreso de Baja California aprobó la Ley Estatal de Aguas, iniciativa del ejecutivo estatal, Francisco Vega de Lamadrid, en la que se fija un aumento inicial en la tarifa de alrededor del 20 por ciento (el cual entró en vigor el 1 de enero y se derogó el 19 de enero), el cual se actualizaría a través de fórmulas complejas que implicaban un incremento constante sin necesidad de aprobación del Congreso; esto significa la liberalización de los precios del suministro hídrico a la demanda del mercado.

Con la aprobación de La Ley del Agua en Baja California, el pago mínimo del vital líquido sería hasta 106 por ciento más caro que en ciudades como Guadalajara y Monterrey, aseveró el diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho.

El proyecto de ley comprendía la desaparición de las comisiones estatales de servicios públicos de la entidad y su conversión en dos organismos de agua metropolitanos: el de la Zona Costa, para los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, y el de Mexicali.
Esta metropolización sería una nueva manera que emplearía el Gobierno del Estado para continuar siendo el responsable directo de administrarlos y buscar apoyos federales etiquetados a municipios metropolitanos, contraviniendo lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual esa función corresponde a los municipios.

Esta Ley destaca la posibilidad de contar con una mayor inversión del sector privado mediante la prestación parcial o total de servicios públicos del agua a través de diversos contratos o concesiones APP, acción que se malinterpretó (intencionalmente) como si se tratara de una privatización de los servicios del agua.

Sin embargo, lo que causó mayor irritación fue la posibilidad de suspender el suministro de agua potable a las tomas domésticas por falta de pago oportuno después de 90 días, lo que viola el artículo cuarto constitucional que eleva a derecho fundamental el acceso al agua. A pesar de que el contenido de la Ley afecta de manera drástica a la población en general, no se realizó ninguna consulta ni foro público para informar y debatir la propuesta, siendo aprobado por la vía ‘fast track’ justo en la semana de festejos de navidad.

El agua se reconoce como derecho humano en la iniciativa del gobernador y, a renglón seguido, señala que “no es gratis”, eso entonces quiere decir que los derechos humanos deben ser comprados, lo cual es una aberración dijo José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA): “Esto parece una aberración de técnica jurídica o un extravío lingüístico; se necesita conciliar y ser congruente en estos conceptos, tal vez el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que establece un mínimo de entre 50 y 100 litros por habitante al día sin costo , ayude a librar este escollo sustantivo, que no es para nada algo trivial”, consideró. *1

El argumento utilizado por la administración estatal para impulsar la ley es la necesidad de atender la “grave” situación de sequía y escasez hídrica en la que se encuentra el estado. Para ello promueve, además de la privatización del líquido, la creación de cuatro plantas desalinizadoras en Rosarito, San Quintín, Ensenada e Isla de Cedros, cuya inversión beneficiará a las nuevas compañías suministradoras privadas que comprarán el agua y la revenderán a los usuarios finales.

El Gobierno del Estado gastó 21 millones de pesos en un estudio para la creación de la conocida “Ley del Agua”, en un contrato que fue otorgado de manera irregular por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE), señala el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS). De acuerdo a la autoridad fiscalizadora, en 2015 la dependencia estatal dio un contrato por adjudicación directa a la empresa Ingeniería de Bombas y Controles S.A. de C.V. para la realización de un estudio y de los análisis técnicos, jurídicos, económicos, sociales y políticos para definir la factibilidad de creación de un organismo operador metropolitano de los sistemas de agua potable.

El ORFIS señala que la empresa, propiedad de Manuel Becerra Lizardi, recibió 21 millones de pesos por esos servicios, los cuales deberían haber sido sometidos al procedimiento de licitación pública.

Sin embargo, en el sitio web “Invest in Baja” de la Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California (SEDECO), el gobierno estatal oferta la disponibilidad ininterrumpida de suministro de agua como una característica central para atraer inversiones de capitales extranjeros y nacionales a la entidad. En dicho portal se señala, incluso, que Mexicali cuenta con las tarifas más baratas del estado por su abundancia de agua.

El representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas en Mexicali, Francisco Bernal Rodríguez, señaló que México tiene asegurada su cuota del Río Colorado para este año 2017. “México no ha recibido menos de lo establecido que son 1, 850 millones de metros cúbicos de agua; esto lo establece el Tratado Internacional de Aguas de1944”, comentó.

Las únicas condiciones que podrían reducir la cuota de agua para México del Río Colorado, son casos de extrema sequía y que los niveles de las presas disminuyan a menos de 1,075 pies sobre el nivel del mar. Lo que el señor Bernal Rodríguez no dijo son los millones de litros que perdió el Valle de Mexicali, por los trabajos que la Oficina Distrital de Irrigación del Valle Imperial en California realizó en junio del 2007, al encementar el Canal Todo Americano, un afluente artificial del transfronterizo Río Colorado, para impedir la filtración de agua a los mantos acuíferos, los cuales no conocen fronteras.

El 20 de abril del 2015 se publicó el estudio oficial nombrado “Disponibilidad media anual de agua en el acuífero del Valle de Mexicali”, que elaboró la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, estando actualmente vigente. Este documento habla de la sequía que presenta Baja California, y de cómo en los últimos años se ha agravado.

En ese año inició el rumor de la instalación de una empresa cervecera en Mexicali, proyecto que aunado a la autorización de cuatro desalinizadoras generó una crisis política que llevó a la destitución del anterior titular de la CONAGUA en Baja California. A raíz de este incidente se iniciaron los rumores sobre turbios manejos en una de las mayores inversiones directas que hayan gestado en Baja California.

En enero del 2016 la firma estadounidense Constellation Brands Inc., anunció que construiría una planta cervecera con capacidad de 10 millones de hectolitros en la ciudad de Mexicali, Baja California, y que ampliaría aún más su instalación en Nava, Coahuila, ambas en el norte de México, para impulsar su continuo crecimiento en la industria.

La nueva planta de Mexicali tendría un costo aproximado de 1,500 millones de dólares y quedará completada en cuatro o cinco años. Su ubicación en la ciudad fronteriza le permitirá atender el cercano estado de California, en EE.UU., el mayor mercado de cerveza de la empresa cervecera Constellation Brands, con sede en Víctor, Nueva York. El total de empleados de la empresa a nivel mundial, de acuerdo con su portal, asciende a 8,000 y en Mexicali contrataría solamente a 400 empleados en una primera fase, con la promesa de llegar a más de 1,000 en los siguientes años.

Constellation Brands es la tercera cervecera más grande de EE.UU. y dueña de las marcas Corona Extra, Corona Light, Modelo Especial, Modelo Negra y Pacifico. Además, Constellation es líder mundial en vinos de primera calidad, vendiendo grandes marcas Robert Mondavi, Clos du Bois, Kim Crawford, Meiomi, Mark West, Franciscan Estate, Ruffino y El Prisionero. Las marcas de licores premium de la compañía incluyen SVEDKA Vodka, Casa Noble Tequila y High West Whisky.

Constellation eligió Mexicali por la fuerte sequía que enfrenta California EE.UU., en donde se imposibilitaba su instalación debido a su alto consumo de agua, y por la oferta que hizo el gobierno estatal que incluyó agua, mano de obra barata y algunas otras ventajas de tipo fiscal, además, se dice, por la participación de algunos empresarios-políticos de la localidad en el proyecto.

De acuerdo con datos proporcionados por Constellation Brands, para producir un litro de cerveza se necesitan 3.25 litros de agua.

El objetivo de Constellation en Mexicali es llegar a producir 56,000 millones de latas de cerveza anuales, a un precio de $0.82 dólar por lata de 355 ml (12 oz), lo cual representan ventas por 46 millones de dólares anuales, y solo generarían como máximo 1,000 empleos, la pregunta es: ¿Qué gana Baja California con este tipo de empresas?

Por otra parte, el Gobierno de Baja California está apoyando a esta empresa con la construcción de un acueducto de 47.5 Kms que, según el gobierno, se requiere para detonar la zona y beneficiar a esta empresa, sin embargo, expertos consultados aseguran que no es necesario, ya que a solo 4.5 Kms se encuentra el caudaloso Canal Reforma; el Gobierno el Estado también apoyará a la empresa con una línea corta de Ferrocarril para exportar el producto a EE.UU, entre otros beneficios.

Un fraude millonario se podría estar dando en la obra del acueducto que se intenta construir en el Valle de Mexicali, pues el proyecto original estuvo presupuestado en 300 millones de pesos y la constructora que ganó la licitación lo hizo con una propuesta que ronda los 450 millones.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila, explicó que la licitación ya fue ganada por una constructora nacional. Sin embargo, nadie ha explicado aún la diferencia de recursos entre el proyecto original y el presentado por la constructora ganadora.

Llantada Ávila sostuvo que este tipo de situaciones son las que impulsan a los miembros de Coparmex Mexicali a seguir con la creación y la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.

En diciembre del 2016, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de Mexicali denunció que Urbaca ganó de manera ilegal, un mes antes, la licitación de la obra “Rehabilitación del Acueducto del ejido Villa Hermosa al ejido Choropo”, de 450 millones de pesos de inversión inicial.

En Nava, Coahuila, el agua que se usa para crear la cerveza proviene de un acueducto de la reserva ubicada a 40 kilómetros de la planta. Está en una comunidad conocida como “Las Albercas” en el municipio de Zaragoza. Ahí, tanto la autoridad municipal, como ciudadanos y ecologistas de la región están preocupados, pues no quieren quedarse sin agua.

Entre el 2015 y 2017, la compañía Constellation Brands proyectó que pasará de 10 millones a 25 millones de hectolitros de producción anual. En una matemática simple, en Nava se harán 8,030 millones de cervezas cada año, lo que equivale a 22 millones por día. Para ello la empresa invertirá alrededor de 2,275 millones de dólares en el proyecto de expansión, que parece aún no se ha concretado.

Por eso titulamos este articulo “Cuando el Poder nubla la razón”, ya el agua que requiere esta empresa en su primera etapa para funcionar es suficiente para surtir a 750,000 habitantes y equivale a la cuarta parte de lo que se envía a la zona costa, sin embargo, no es la única empresa beneficiada con esta Ley, de la cual solo se canceló una parte.

Ni el discurso populista de Francisco Vega de Lamadrid, ni los anuncios sobre la eliminación de reemplacamiento y la abrogación de la Ley del Agua convencen a la ciudadanía, quien pide su destitución, solicita la cancelación del proyecto de la empresa estadounidense Costellation Brands y busca evitar la llegada del Proyecto Incluyente Mexicali (PIM), antes EcoZone MX.

Un grupo de ciudadanos, liderados por agricultores en su mayoría, tomaron las instalaciones del gobierno estatal en la ciudad de Mexicali desde el 16 de enero, la cual seguía hasta el cierre de esta edición. Esto se complementó con varias manifestaciones en Tijuana y Ensenada, sin embargo, lo más preocupante fue la toma de las instalaciones de El Chaparral, la entrada más importante de México.

Los manifestantes entregaron un pliego petitorio con 18 puntos y aunque el tema más polémico −la Ley de Agua− fue derogado, exigen que no desatienda el resto de los puntos, sobre todo después de que de la cantinflesca entrevista que el gobernador respondió a la reportera Rosa María Méndez, del Canal 66, el 24 de enero, en la que envió un mensaje lleno de autoritarismo.

Anterior a estos eventos, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Mexicali, Federico Díaz Gallego (socio del Secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante), convocó a una rueda de prensa donde defendió su postura respecto a la señalada y acusada empresa Constellation Brands y exigió que se retiren los bloqueos en el Valle de Mexicali que impiden la construcción del acueducto que llevará agua a esa empresa.

Acompañado por los dirigentes de CMIC, Coparmex y Canacintra, el empresario manifestó que el riesgo de que la cervecera abandone la región debería ser razón suficiente para que el gobierno estatal actúe conforme a la Ley y ponga fin a los plantones en la obra del acueducto y los edificios estatales.

El presidente del CCE en Mexicali también dirigió sus señalamientos hacia el gobernador, a quien exigió mayor transparencia en su administración y la aclaración de las oscuras licitaciones que se han realizado para favorecer a un grupo de empresarios aparentemente asociados con el gobierno, ya que su opacidad es en parte culpable de la situación que se vive en el estado y tiene tan molesta a la población.

Para el empresario es una situación de ingobernabilidad la que se vive en la ciudad y eso aleja cualquier inversión extranjera, sin embargo, el CCE de Mexicali y del resto del estado han aceptado que durante tres años Francisco Vega de Lamadrid y asociados solo comuniquen cifras económicas como si fuera un concurso de popularidad y permitido que pseudo empresarios como Carlo Bonfante y Alfredo Babún los representen.

En una rueda de prensa anterior a la mencionada, Juan Gallego, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Mexicali (sobrino del Secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante), dijo que los ciudadanos están mal informados en el tema del agua, contradiciendo sus palabras días antes donde hacia énfasis en la corrupción que existe alrededor de este proyecto.

Cabe recordar que el dirigente municipal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Rigoberto Campos, acusó al mandatario estatal de ignorar aspectos como la huella hídrica de los procesos que realizarán en la planta cervecera, que van más allá de los 3.5 litros agua por litro de cerveza que dicen se necesitan; también los cambios en lo “oscurito” que realizó en los permisos de agua, pasando de agrícolas a industrial sin que nadie se diera cuenta; los 100 pozos caídos que no han sido rescatados por falta de recursos, pero al mismo tiempo el regalo de 450 millones de pesos para la construcción de un acueducto.

Rigoberto Campos además indicó que la construcción de una obra como el referido acueducto representará un riesgo ambiental, ya que al dejar sin agua dulce el subsuelo del territorio por el que pase la construcción, ésta será substituida por el agua salada del mar, que entrará a tierra firme por el efecto de la gravedad (el Valle se encuentra tres metros debajo del nivel del mar). Esto dará paso a que la salinidad en la región se dispare, impidiendo la actividad agrícola y el nacimiento de cualquier planta.

Estas acciones han llevado a que Francisco Vega tenga la peor imagen que un gobernador haya tenido en Baja California. Esta crisis sin precedentes demuestra que el gobernador está mal asesorado, mal acompañado por secretarios incompetentes y sobre todo que carece de un departamento de comunicación y relaciones públicas de acuerdo a su investidura.

Al gobernador le recuerdan que no fue capaz de defender al Estado contra el alza al IVA, que no fue capaz de poner gente capacitada que evitara la recesión del Estado en el 2014, y que antepuso intereses propios y de la gente de su gabinete ante la explotación de los jornaleros de San Quintín. También le reprochan que sea el hombre que más ha endeudado a Baja california en el lapso más corto de tiempo, que haya generado grandes mentiras con las cifras de empleo, que haya sido señalado en varias ocasiones por operaciones irregulares con fondos públicos y que trate de maquillar todo enviando boletines con verdades a medias.

Pero oculto a través de la Ley del Agua se encuentra un negocio millonario con las plantas desalinadoras que se construyen en la Zona Costa de Baja California, denunció el diputado del Partido Encuentro Social (PES), Luis Moreno Hernández, quien señaló que diferentes empresarios en alianza con el gobernador, Francisco Vega, planean realizar la venta del agua obtenida de las mencionadas plantas.

Tomando como referencia la instalación de una planta desalinizadora en la ciudad de Carlsbad, ubicada al norte de San Diego, CA. y que desde el 2016 produce 50 millones de galones diarios (según informan en su sitio web oficial), Poseidón Resources, empresa que maneja la planta, vende el acre-pie de agua entre los 1,849 dólares y 2,064 dólares a usuarios del condado de San Diego.

El legislador explicó que el costo del agua que se producirá en la desalinadora de Playas de Rosarito tendrá un costo de 1,100 dólares aproximadamente, por lo que una venta a San Diego en 1,600 dólares será lo suficientemente competitivo para desplazar a Carlsbad y dejar ganancias enormes tanto al gobierno como a sus socios.

Esto tomando en cuenta que para el año 2020 se estima que los 50 millones de litros que se producirán en las instalaciones de Poseidón serán solo el 7 por ciento de la demanda real de agua en esa zona de California, por lo que se requerirán enormes cantidades de éste recurso.

De acuerdo con el dictamen 62, entre los proyectos de APP beneficiados el pasado 20 de diciembre se encuentra la planta desalinizadora de agua en Playas de Rosarito, denominada Aguas de Rosarito SAPI de CV; esta APP tendrá una vigencia de 40 años (tres de construcción y pruebas y 37 de explotación) y está contemplada para convertirse en la más grande en América Latina, con una producción total de 4.4 metros cúbicos por segundo a desarrollar en dos etapas de obra, y para la cual se invertirán 10,524 millones de pesos.

La empresa Aguas de Rosarito es subsidiaria mexicana del grupo NSC, que a su vez forma parte del consorcio trasnacional Consolidated Wather Corporation (CWCO) LTD, con oficinas centrales en las Islas Caimán.

Con esta negoción, a través de una APP no solicitada por el Gobierno de Baja California, CWCO llegó a un negocio que le aportará al menos una ganancia de 66,294.5 millones de pesos durante los 37 años que durará el contrato de explotación en asociación, que sus filiales firmaron con el Gobierno de Baja California, gracias a la gestión que hizo Jaime Bonilla Valdez como representante del Grupo PSN, cuando fue diputado federal por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y uno de los cinco directores del Distrito de Agua de Otay (Otay Water District), California.

Con el Decreto 57 los poderes legislativo y ejecutivo de Baja California aprobaron pagar mensualmente al consocio trasnacional, vía Aguas de Rosarito y a partir de junio de 2019, 149 millones 312,018 pesos; es decir 1,791.7 millones de pesos al año.

A cambio, las filiales de CWCO en México producirán 40 millones de galones de agua por día, que en su mayoría se exportarán al sur de California con el visto bueno de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) de Baja California, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Distrito de Agua de Otay y los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado.

La primera etapa estará terminada en tres años y producirá 2.2 metros cúbicos por segundo de agua completamente potable, mientras la segunda etapa con capacidad igual, estará concluida en julio del 2024.

Aquí nos surgen varias preguntas ¿es legal vender agua a EEUU?, ¿por qué los habitantes de Baja California vamos a pagar por exportar agua?, ¿Qué pasará con toda la contaminación que generará esta planta, por la cual es obvio que no se puede instalar en California?

Los proyectos APP aprobados el 20 de diciembre en el decreto 57, con las corporaciones privadas que van de 15 hasta 37 años, ganarán del erario estatal hasta 72 mil 323.9 millones de pesos al terminar sus compromisos.

Con este modelo de negocio que diseñó el equipo económico y financiero del gobernador Francisco Vega, los consorcios empresariales obtendrán ganancias mínimas por casi 3,000 millones de pesos, tan sólo en el primer año de sus actividades, según explicó el diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Catalino Zavala Márquez, junto con Manuel Morán Hernández (MORENA) y Luis Moreno Hernández (Partido Encuentro Social-PES).

El contenido del Decreto 57 compromete las finanzas del Estado por las siguientes tres décadas, incluidos los pagos a diversas empresas por una cantidad superior a los 70,000 millones de pesos, lo que significa prácticamente la entrega de las finanzas del Estado a unas cuantas empresas al amparo de la Ley de Asociación Público Privadas de Baja California.